Colombia, abre las puertas para garantizar los derechos de las personas con discapacidad con la puesta en marcha de la ley 1618 de 2013

  • Con la entrada en vigencia de la Ley 1618 de 2013 el Estado pretende garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad mediante la adopción de medidas y políticas que cuenten con enfoque de inclusión lo que permitirá eliminar toda forma de discriminación en el país por cuenta de una condición.
  • La Ley 1618 dicta medidas específicas para garantizar los derechos de los niños y las niñas con discapacidad; el acompañamiento a las familias; el derecho a la habilitación y rehabilitación; a la salud; a la educación; a la protección social; al trabajo; al acceso y accesibilidad; al transporte; a la vivienda; a la cultura; el acceso a la justicia; entre otros.

Rosalba Orjuela es madre de Franchesca Carolina Plazas, una mujer con Síndrome Down que a sus 33 años no ha tenido la posibilidad de contar, en igualdad de condiciones, con las mismas oportunidades que quizás en salud, educación o empleo, sí han tenido otras personas de su misma edad. Durante su vida, Carolina no ha carecido de amor ni de cuidado por parte de su familia, es por ello que su progenitora reconoce que tal vez, lo que si ha faltado, es que ella sea aceptada por una sociedad que no reconoce la diferencia.

Bajo este contexto, el Estado colombiano sancionó a finales de febrero de este año la Ley 1618, la cual pretende, entre otras cosas, mejorar la calidad de vida, asegurar el ejercicio efectivo de los derechos e incluir integralmente en los diversos ámbitos de la sociedad a las más de 2,9 millones de personas con discapacidad que hay en el país.

Este nuevo documento jurídico nace de una iniciativa del Ministerio del Interior y uno de sus objetivos es el de  unificar lo existente en el país en materia de Leyes y discapacidad, así como aterrizar y dar cumplimiento a lo establecido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado internacional que Colombia aprobó a través de la Ley 1346 de 2009 y que ratificó en el año 2011.

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