Se radica Proyecto de Ley que prohíbe toda forma de castigo físico y tratos crueles, humillantes o degradantes hacia niñas, niños y adolescentes.

Tras 22 meses de intenso trabajo, entre organizaciones de la sociedad civil – bajo el liderazgo de la Alianza por la Niñez Colombiana- y en coordinación con la academia y otros sectores, se han unido esfuerzos con el Gobierno Nacional desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), para radicar hoy, 28 de agosto de 2019,  una iniciativa legislativa que conduzca a la prohibición del castigo físico, humillante y tratos degradantes como práctica en los diversos entornos en los que transcurre la niñez y adolescencia, la cual cuenta con el apoyo de senadores y representantes a la Cámara.

El Proyecto de Ley tiene por objeto: “Prohibir toda forma de castigo físico y psicológico, tratos crueles, humillantes o degradantes hacia niños, niñas y adolescentes por parte de sus progenitores, representantes legales o por cualquier otra persona encargada de su cuidado en todos los entornos en los que transcurre la niñez y la adolescencia”, al mismo tiempo que busca brindar herramientas de crianza positiva para los padres y cuidadores. La iniciativa cuenta con el apoyo de la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de La Sabana, quienes unieron sus capacidades, bajo el principio de corresponsabilidad, frente a la protección integral de niñas, niños y adolescentes de Colombia.

“Con esta Ley, Colombia se está poniendo al día con sus obligaciones contraídas como suscriptor de la Convención de los Derechos del Niño, que cumple 30 años este noviembre. Una obligación que ya otros 56 países a nivel mundial, 9 de ellos en América Latina y el Caribe, han cumplido, y que ahora confiamos plenamente cumplirá Colombia a través del trámite y aprobación de este Proyecto de Ley. Igualmente, estamos reafirmando como país nuestro compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente con la meta 16.2 que invita a poner fin a todas las formas de violencia contra los niños y las niñas”, afirma Gloria Carvalho, Secretaria Ejecutiva de la Alianza por la Niñez Colombiana.

“Llegó la hora de cambiar la forma en que nos relacionamos con nuestras niñas, niños y adolescentes. La evidencia nos ha mostrado que el castigo físico y humillante y los tratos degradantes son ineficientes, no modulan las conductas, nos distancian de nuestros hijos, y que además tienen graves consecuencias físicas y psicológicas en el corto, mediano y largo plazo”, asegura Juliana Pungiluppi, Directora General del ICBF.

El Proyecto de Ley se acoge a la definición del Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN), en su Observación #8 de 2006, donde plantea que castigo físico es: “todo castigo en el que se utiliza la fuerza física y que tiene por objeto causar algún grado de dolor o incomodidad, por leve que sea” y se afirma que “todo castigo físico es degradante”.

Por su parte, los castigos crueles y humillantes se definen como: “Toda acción de crianza con la que se menosprecie, humille, denigre, estigmatice, amenace, atemorice o ridiculice a un niño, niña o adolescente, con el fin de ejercer autoridad, disciplinar o corregir, siempre que no constituya conducta punible”.

La exposición de motivos del Proyecto de Ley hace énfasis en las repercusiones que genera el castigo en el desarrollo físico, cognitivo y emocional de niñas, niños y adolescentes, y en los daños de la salud actual y futura, relacionados con el estrés que genera la violencia en contra de la niñez y la adolescencia. A su vez, alerta sobre la alta prevalencia de la práctica y la aceptación social y cultural del castigo físico y el trato humillante como métodos de disciplina, formación y educación.

Esta afirmación tiene como base estudios científicos y también una investigación adelantada por las organizaciones vinculadas a  la Alianza por la Niñez y la Universidad de La Sabana, cuyos resultados se exponen más adelante dentro del comunicado.

Por su parte, el sustento legal del Proyecto de Ley se da en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos sobre la protección a los niños, niñas y adolescentes, como la Convención sobre los Derechos del Niño, y los distintos órganos internacionales que concluyen la imperiosa necesidad de prohibir el castigo físico en todos los entornos donde están presentes los niños y niñas, con el fin de garantizarles su pleno desarrollo físico, mental y social.

Al respecto, la Observación 13 del CDN indica que el niño, niña y adolescente, como persona, es titular pleno de sus derechos; por tanto, resalta la obligación de los Estados de eliminar de la legislación toda justificación del uso de los castigos físicos como una corrección “razonable” en cualquier entorno e incluir la prohibición expresa en la legislación.

A la luz de esta observación, el Comité ha exhortado en sus observaciones a los informes presentados por el Estado colombiano ante esta instancia, a derogar el artículo 262 del Código Civil Colombiano sobre la “facultad de vigilancia, corrección y sanción” y a asegurar que la legislación prohíba el castigo corporal en todos los ámbitos, incluida la niñez indígena, además de crear formas de crianza positiva, no violentas y formas participativas de crianza de niñas y niños.

¿Qué países ya tienen esta ley? En América Latina, Perú, Argentina, Bolivia, Venezuela, Brasil, Uruguay, Paraguay, Honduras, Nicaragua y Costa Rica ya tienen una ley que prohíbe cualquier tipo de castigo físico. En el ámbito mundial, 56 países ya tienen este tipo de leyes y Francia ha sido el país más reciente en sancionar una ley en este sentido. (Ver anexo, mapa de países comprometidos con la abolición del castigo físico).

“Lo más difícil de la crianza no es controlar a los niños y a las niñas a través de medidas coercitivas violentas que no logran un cambio de actitud de fondo, ni un aprendizaje real para la vida. Lo verdaderamente difícil, es aprender a controlar nuestras emociones como padres y madres. Criar hombres y mujeres de bien se hace con amor, paciencia, expresiones de afectos, dedicación de tiempo de calidad para el aprendizaje, la recreación, el respeto en su dignidad humana y en cada uno de sus derechos”, sostiene la Secretaria Ejecutiva de Alianza por la Niñez Colombiana.

La investigación señalada, en la que organizaciones de la Alianza aplicaron una encuesta a 928 niños y niñas de todas las regiones colombianas, y cuyas respuestas han sido analizadas y sistematizadas por la Universidad de La Sabana, muestra que el 79% de los niños y niñas piensa que no deberían ser castigados, pero que el 50%, aproximadamente, reciben castigos físicos.}

Para mayor información:

Gloria Carvalho, Secretaria Alianza por la Niñez: 3006142711

Oficina Asesora de Comunicaciones ICBF: icbfprensa@icbf.gov.co

El camino hasta la radicación del Proyecto de Ley

La Alianza por la Niñez Colombiana, conformada por 20 organizaciones, muchas de las cuales han trabajado a nivel mundial por la eliminación del castigo físico y el trato humillante, enfocó desde 2017 sus esfuerzos en un proyecto para que la eliminación de toda forma de castigo físico y tratos crueles, humillantes o degradantes a niñas, niños y adolescentes sea una realidad en Colombia, y para que esto sea sustituido por prácticas parentales y de crianza positivas, libres de violencia. En este proceso de dos años de iniciativa de la Alianza por la Niñez Colombiana, muchas manos y voces que articulan Estado, sociedad civil y academia se han unido en torno a este propósito, uno de cuyas acciones es la propuesta de una ley específica que prohíba toda forma de castigo físico y tratos crueles, humillantes o degradantes a niñas, niños y adolescentes.

A este proceso se sumó activamente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que desde la actual administración ha fijado como prioridad la erradicación de todas las formas de violencia contra niñas, niños y adolescentes. Reconociendo el trabajo adelantado por la sociedad civil organizada, el ICBF puso a disposición de la iniciativa su equipo técnico y voluntad política para aportar en la construcción del Proyecto de Ley y, de forma coordinada con la sociedad civil, impulsar esta iniciativa ante el Congreso de la República.

Como parte del proceso llevado a cabo para ello, vale la pena destacar las consultas realizadas con 65 operadores del ICBF y con el Comité Consultivo Asesor de Niñas, Niños y Adolescentes del ICBF, así como el trabajo mancomunado hecho con el ICBF y la academia. El Proyecto de Ley para que Colombia se ponga al día con los mandatos en Derechos Humanos y niñez, y prohíba en todos los ámbitos el uso de cualquier tipo de castigo físico y trato humillante, se radicó este 28 de agosto de 2019.

La Alianza por la Niñez Colombiana está conformada por las organizaciones  más reconocidas en los ámbitos internacional, nacional y local que trabajan en la defensa y garantía de los derechos de la niñez: Agencia PANDI, Aldeas Infantiles SOS, Bethany Global, Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano (Cinde), Children International, Corporación Infancia y Desarrollo, Corporación Juego y Niñez, Corporación Somos Más, Fondo Acción, Fundación Apego, Fundación Antonio Restrepo Barco, Fundación PLAN, Fundación Saldarriaga Concha, Fundación Save The Children Colombia, Jerez & Sandoval – Medios y RS, Observatorio de Infancia de la Universidad Nacional, Pontificia Universidad Javeriana-Facultad de Psicología, RED PAI-Red de Protección de Infancia, Red PaPaz, World Vision y sus aliados asesores: Ana María Convers, Adela Morales y  Pedro Quijano.

A esta iniciativa además se han sumado otras importantes instancias y organizaciones como la Universidad de la Sabana, Sociedad de Pediatría Regional Cundinamarca, Fundación Apapacho y Crianza Consciente, quienes han hecho aportes significativos en el proceso.

Por último, pero no menos importante, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad del Estado colombiano que trabaja por la prevención y protección integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias en Colombia, brindando atención especialmente a aquellos en condiciones de amenaza, inobservancia o vulneración de sus derechos, llegando a más de 8 millones de colombianos con sus programas, estrategias y servicios de atención con 33 sedes regionales y 213 centros zonales en todo el país, instancia que a través de su equipo técnico de expertos, Direcciones y su Dirección General se han adherido a la iniciativa, a través de un gran compromiso y contribuciones significativas.