Política pública en Colombia sobre discapacidad… ¿Cómo vamos?

De acuerdo con la Constitución Política de 1991, toda persona nace libre e igual ante la ley y goza de los mismos derechos, libertades y oportunidades. ¿Será, qué los cerca 2.6[1] millones de colombianos en condición de discapacidad, quienes representan el 6.4% del total de la población colombiana, pueden sentirse verdaderamente parte de esta mención?

De acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.

[1] Departamento Nacional de Estadística – Dane Censo de 2005.

Según el Censo de 2005, del total de las personas con algún tipo de discapacidad, el 43.9% es física, el 43.4% visual, el 17.3% auditiva, el 13% para hablar, el 9.4% para atender o aprender y el 9.9% para relacionarse con los demás por problemas mentales o emocionales. El mismo estudio estimó que la tasa de discapacidad es mayor en los hombres con el 6.6% mientras que la de las mujeres es de 6.1%.

El Estado colombiano ha venido trabajando durante años en la construcción e implementación de una política pública que permita establecer el reconocimiento y cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad.

Lucio Robles, representante del grupo de discapacidad de la Dirección General de Promoción Social del Ministerio de Protección Social, reconoce que una Política Pública en discapacidad es importante “por cuanto debe expresar cuáles son las prioridades en la aplicación del gasto público hacia estas personas, puesto que son sujetos de derechos que deben acceder a todos los bienes, servicios y calidad de vida que el Estado y la sociedad les debe proveer”.